Ya para 1795, los estadounidenses consideraban a George Washington como el Patriae pater (el padre de la patria). Con este florido título se reconocía su papel vital en la creación de la República de Estados Unidos de América y la importancia de su labor como primer presidente del país. Washington no solo estableció la legitimidad del nuevo gobierno, sino que también sentó precedentes en lo que concierne al alcance del poder presidencial, incluida la tradición de no continuar en el cargo después de dos términos.

Luego de su incumbencia surgieron dos partidos políticos distintos: el Partido Federalista y el Partido Demócrata-Republicano. Los representantes de los estados (cada quien portador de diversos intereses regionales y económicos) veían las obligaciones del gobierno desde perspectivas distintas, y las rivalidades políticas entre ellos se fueron agudizando a medida que arreciaba el debate en torno al alcance y los límites del poder federal. Luego de la Compra de Luisiana en 1803, la expansión hacia el oeste fue inevitable, y la tarea de organizar ese territorio en nuevos estados dominó la política estadounidense del siglo XIX. En el frente político, el reto principal era un asunto crucial que los fundadores habían reconocido pero no lograron solucionar: la coexistencia de la democracia con la esclavitud.

La era de Andrew Jackson se caracterizó por el florecimiento de la democracia y el desarrollo de la producción y el comercio. Este presidente encarnó la energía cruda de la nación en su expansión hacia el oeste. Fue él quien extendió el electorado a todos los hombres blancos (no solo los terratenientes) con el fin de empoderar al “americano común”. Su énfasis en el individualismo sigue siendo un rasgo distintivo de la sociedad estadounidense, pero su legado ha quedado empañado por su decisión de sacar a los indígenas de sus tierras. Para todos los efectos, la política federal desarrollada por la administración de Jackson hacia los indígenas promulgó el genocidio, y esto ha ensombrecido su reputación como “presidente del pueblo”.

A finales de la década de 1840, en el contexto de un dramático aumento poblacional y crecientes interrogantes sobre los derechos ciudadanos de los afroamericanos, los indígenas y las mujeres, surgió una ola de movimientos reformistas que preparó el camino para intensas luchas partidistas.

Para 1850, la esclavitud era un problema moral y político que tenía dividía a la nación. Poco después de que Abraham Lincoln ganara la elección presidencial en 1860, Carolina del Sur, seguida de otros diez estados sureños, se separó de la Unión en protesta por verse obligados a liberar a sus esclavos. Al principio, Lincoln utilizó su poder presidencial para intentar evitar la crisis, pero el conflicto fue inevitable. A medida que la Guerra Civil avanzaba contra toda expectativa, Lincoln, quien veía en la lucha un medio de conservar la Unión, se dio cuenta de que la unidad del país dependía de la liberación de los esclavos y la otorgación de derechos civiles a todos los ciudadanos.

En su Discurso de Gettysburg en noviembre de 1863, Lincoln abogó por otra revolución, una que traería un “renacimiento de la libertad” para restaurar la Unión y restablecer la democracia estadounidense. Sin embargo, su asesinato en abril de 1865 impidió que guiara el proceso de reconciliación nacional conocido como la Reconstrucción. Andrew Johnson, su sucesor, no logró integrar en la sociedad a los cuatro millones de afroamericanos libertos ni establecer una estructura social que les garantizara sus derechos civiles.

Fortalecido por las olas de inmigrantes y el capital generado por el industrialismo posterior a la Guerra Civil, ya para la década de 1890 Estados Unidos rivalizaba con las grandes potencias europeas. Sin embargo, el rápido desarrollo de una sociedad rural agraria hacia una urbana industrial creó problemas que amenazaban con destruir el orden social del país. El crecimiento de la clase obrera en las ciudades condujo al surgimiento de hacinados arrabales y de una marginalidad permanente. Las desagradables consecuencias de la expansión parecían traicionar la promesa del sueño americano.

Los industriales, a menudo recurriendo a la violencia, bloqueaban los intentos de los trabajadores de organizarse para luchar por sus derechos. La depresión económica conocida como el Pánico de 1893 causó devastación en todos los niveles de la sociedad, y fue así que diversos grupos de ciudadanos pro reformas comenzaron a cabildear por el bienestar de las clases marginadas. Theodore Roosevelt, quien accedió a la presidencia justo a principios del siglo XX, utilizó sus poderes ejecutivos para estimular el progreso social y económico. Pionero del estilo moderno de gobierno, su legado trascendió sus años en el poder. A partir de 1917, cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, la economía prosperó y el país experimentó cambios sociales perdurables, tales como los promovidos por la decimonovena enmienda a la Constitución, que otorgó a las mujeres el derecho al voto.

Franklin D. Roosevelt, el primer y último presidente que ocupó el poder durante tres términos (1933–1945), orquestó la más grande expansión del poder ejecutivo en la historia de Estados Unidos. Su política del New Deal (Nuevo Trato), con sus numerosas agencias y burocracias, autorizó la intervención gubernamental en las crisis económicas y sociales originadas por la Gran Depresión. En 1941, cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, las fábricas aceleraron su producción, lo cual a su vez impulsó la recuperación de la economía.

Harry Truman, quien llegó a la presidencia a raíz de la muerte de Roosevelt, fue el primer líder de la nación en la era de posguerra. La amenaza de la bomba atómica y el creciente dominio de las potencias comunistas dieron lugar a la Guerra Fría, que se prolongó más de cuatro décadas. Las guerras en Corea y Vietnam demostraron hasta qué punto Truman y sus sucesores creían que había que frenar el comunismo. En el ámbito político interno, la presidencia de Lyndon B. Johnson promovió legislación a favor de los derechos civiles. Ya para la década de 1980, Mijaíl Gorbachov, al frente de una Unión Soviética muy debilitada, había comenzado a negociar con Ronald Reagan y George H. W. Bush el fin de la Guerra Fría.

Ninguna figura particular caracteriza la era contemporánea, pero el ámbito de las relaciones exteriores sigue exigiendo grandes esfuerzos de los presidentes estadounidenses y de la nación a la que sirven. Después de los ataques del 9/11, George W. Bush libró una campaña internacional de “guerra contra el terror” que relegó la diplomacia tradicional para favorecer la intervención militar de Estados Unidos en el exterior. Durante esta época, reaccionando ante la urgencia de fortalecer la seguridad nacional, los presidentes han introducido nuevas técnicas de vigilancia y leyes antiterroristas que, a su vez, han puesto a prueba las leyes de privacidad establecidas en la era predigital.

El signo de la guerra continúa influenciando al siglo XXI, al tiempo que Estados Unidos sostiene una doctrina de lanza y escudo. Mientras tanto, la reacción del público ante cualquier asunto, en cualquier momento, se ha convertido en un fenómeno instantáneo gracias a los medios sociales. Las divisiones partidistas son tan agudas como lo eran en la década de 1850, incidiendo en debates tan diversos como el cambio climático, la inmigración y la asistencia médica. No obstante, al reflexionar sobre nuestro pasado como nos otros podemos anticipar que la nación seguirá superando obstáculos y encaminando esfuerzos para garantizar los derechos ciudadanos para todos los estadounidenses.